Por Adrián Choren, achoren@inti.gob.ar
Uno de los temas que más preocupan en la actualidad a diferentes organismos públicos es el alto porcentaje de trabajo informal que se da en diversos sectores productivos como la indumentaria (calzado y prendas), la construcción y el agro, entre otros, como consecuencia, en parte, por el efecto de la alta y descontrolada tercerización. Este trabajo informal puede llegar a extremos donde los obreros son reducidos a la servidumbre y el trabajo de menores aparece como un hecho naturalizado y normal. En estos procesos de producción, mientras más se va bajando en la cadena de valor, peores son las condiciones de trabajo de los diferentes eslabones que la integran. La mentada descentralización productiva lleva aparejado que la empresa principal de un rubro derive su producción específica en un proceso de varios intermediarios, mientras ésta se ocupa, principalmente, de temas como la comercialización, el marketing y la distribución de los canales de venta al público.
En este contexto, cabe señalar que a pesar de la crisis internacional es un momento propicio para que las empresas regularicen a los empleados favoreciéndose de la Ley Nº 26.476 de regularización, promoción y protección del empleo registrado, y comenzar a incluir en el sistema de las relaciones laborales a una masa crítica de trabajadores.
El derecho de los excluidos y sus efectos
Los efectos del gran porcentaje de trabajo informal en la economía nacional son devastadores y de seguir en este camino sus consecuencias futuras pueden incrementarse. Sus impactos negativos abarcan, entre otros fenómenos, muchos trabajadores que no pueden jubilarse en el sistema actual de las relaciones laborales y que los hospitales públicos deben soportar una alta demanda de trabajadores que deberían concurrir a su respectiva obra social. A su vez, el aumento paulatino del salario mínimo vital y móvil y de los aumentos derivados de negociaciones colectivas de trabajo que dejan afuera a más del 35% de la población de trabajadores azotados por el costo de vida. También existen familias que se quedan sin el salario familiar para sus hijos, lo cual puede representar en algunos sectores hasta el 10% del sueldo básico sólo por un único hijo; y trabajadores que no pueden pedir un préstamo para lograr una vivienda propia, entre otras grandes dificultades.
En consecuencia, una persona que está trabajando en la informalidad no puede planificar su vida a largo plazo, mucho menos invertir, y vive finalmente en una constante incertidumbre.
Recordemos que el incumplimiento de la normativa legal afecta a la sociedad es su conjunto y como ya lo definió el prestigioso jurista Carlos Nino en su obra “Un país al margen de la ley”, se trata de “anomia boba” que genera una disfuncionalidad que afecta directamente a todas las partes involucradas en la problemática: el sindicato, las empresas y el Estado. En virtud de ello, en sectores productivos como el de la indumentaria, donde la informalidad supera el 70%, es imprescindible empezar a tomar medidas al respecto.
Hacia un panóptico positivo
Para poder enfrentar esta realidad algunos consideran que una ley puede mágicamente cambiar la coyuntura, otros creen que mientras más se pueda aumentar el PBI, el bienestar se irá paulatinamente extendiendo al conjunto de la población laboral. Sin embargo, el problema no es la gran cantidad de normativa elaborada y sabemos que la teoría del derrame fracasó. El problema está en el control de las normas y el grado de cumplimiento de las mismas por los habitantes de una región determinada. En este sentido, valiéndose del panóptico (toda visión) como metáfora, se enuncian algunas propuestas orientadas a planificar y sistematizar herramientas de control y fiscalización:
-Para las compras estatales de toda índole, exigir la presentación de los formularios 931 (AFIP) de todas las unidades productivas que componen esa cadena y como mínimo el respectivo informe de evaluación de riesgos de los establecimientos de la ART. Como complemento, proponer la realización de auditorías social-técnica para revisar maquinarias, capacidad productiva, tareas, horas de trabajo, etc. Esta experiencia fue altamente positiva en el acuerdo de compra sustentable del Programa de Compromiso Social Compartido (CSC) entre el INTI y el Ministerio de Defensa.
-Denunciar a través de los medios masivos de comunicación el trabajo clandestino, proponiendo una fuerte difusión sostenida en el tiempo.
-Aplicar el artículo 34 de reciprocidad frente a situaciones de competencia desleal del convenio colectivo de FONIVA (544/08, ex 204/93). El mismo establece “al poner en peligro a la industria del sector, debe ser contrarrestada mediante el accionar conjunto del sector trabajador y del empresario. A tales efectos y ante la denuncia expresa de cualquier sector signatario se constituirán comisiones mixtas de trabajo y divulgación. Estas comisiones mixtas deberán efectuar todas las gestiones y denuncias pertinentes ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
-Generar un listado de empresas/talleres de confección de indumentaria auditadas en forma permanente que cumplan con los requisitos mínimos del Programa CSC del INTI para poder crear un mercado ético y sustentable.
-Proponer que agentes de retención formales como los shoppings y supermercados que retengan sobre determinado tipo de indumentaria (calzado y prendas) el porcentaje de la evasión de las cargas sociales de la cadena y su obligación de declarar los diferentes talleres utilizados para, al azar y periódicamente, ser auditados.
Por último, cabe aclarar que actualmente se realizan muchos debates sobre la redistribución de la riqueza, pero uno de los pilares fundamentales debería ser el combate del trabajo clandestino entre todos los actores comprometidos para anhelar ese “progreso económico con justicia social”, tal como expresa nuestra Carta Magna.
Características del sector de indumentaria en Argentina
Cifras de trabajo no registrado superiores al 75% según el INDEC.
-Miles de inmigrantes víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral.
Alta demanda de indumentaria por parte del mercado interno y fuertes presencia de marcas nacionales.
-Más del 70% del trabajo no registrado se encuentra en talleres de confección de menos de 10 personas.
-Numerosas marcas denunciadas por trabajo esclavo por organizaciones y personal de la propia organización
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